Se trata de la tercera vez consecutiva que se acomete la elaboración del Informe Anual de Seguridad Nacional, una práctica que se inauguró en 2013, tras la promulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional.

La experiencia acumulada en la elaboración del Informe de los años 2013 y 2014 nos ha permitido acometer un proceso más ágil y más rápido.

El Informe Anual de Seguridad Nacional se elabora a partir de las contribuciones de todos los ministerios de la Administración General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, este último como coordinador general del proceso. De esta forma, el documento refleja una visión muy completa el estado y evolución de la Seguridad Nacional, así como los principales retos y desafíos, desde una óptica muy amplia.

Se trata de un documento de carácter no clasificado y periodicidad anual, que obedece a un triple propósito:

• Contribuir al aumento del conocimiento y la sensibilización de la sociedad en materia de Seguridad Nacional.
• Realizar un amplio análisis de la evolución de los retos de la Seguridad Nacional, valorarlos según su manifestación y trazar un posible desarrollo futuro, siempre con un enfoque integral.
• Evaluar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y, en futuros procesos de la revisión de la Estrategia, identificar el surgimiento de nuevos desafíos a la Seguridad Nacional.

Respecto al contenido del documento, los aspectos más relevantes del Informe Anual de Seguridad Nacional 2015 son los siguientes:

En relación a los principales avances del Sistema de Seguridad Nacional en 2015 son tres los aspectos a destacar.

En primer lugar, este Informe Anual es el primero que se realiza en respuesta al mandato contemplado en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, una ley pionera en España al ser la primera vez en nuestra historia democrática que se confiere a la Seguridad Nacional una dimensión legal, propia de una auténtica política de Estado. Se trata de una ley de apertura al Parlamento y de acercamiento al ciudadano, por cuanto una de sus aportaciones, la comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, está llamada a ser un espacio propio de Seguridad Nacional en el que presentar este Informe Anual de 2015.

En segundo lugar, la aprobación de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional es presentada como un importante hito del Sistema de Seguridad Nacional, por cuanto este documento da tratamiento de forma integral a todos los aspectos relacionados con la seguridad del suministro energético en España.

En tercer lugar, el Informe pone en valor el continuado trabajo del Consejo, de sus órganos de apoyo, y del Departamento de Seguridad Nacional como secretaría técnica y órgano de trabajo permanente a lo largo de todo el año 2015, gracias al cual, se puede hablar ya de una consolidación del proyecto de Seguridad Nacional.

En lo relativo a la evolución de los retos y las principales realizaciones acometidas con referencia a las líneas de acción estratégicas de la Estrategia, y sin ánimo de ser exhaustivo, una evaluación general de lo acontecido en el año 2015 nos indica cierta asimetría entre los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional.

Por una parte, se observan dos ámbitos que claramente han experimentado un recrudecimiento de la situación, concretamente el fenómeno de la radicalización y el terrorismo internacional y la crisis humanitaria y de refugiados que está azotando a toda Europa.

Por otra, los datos de recuperación económica, resultantes del esfuerzo colectivo efectuado por las Administraciones Públicas, el sector privado, y la sociedad civil en su conjunto, resultan muy positivos. En el terreno del optimismo se sitúa asimismo la seguridad energética. Las iniciativas de interconexión ya comenzadas son un primer paso muy importante en la consecución de una aspiración de suma relevancia estratégica para España: la unión energética europea.

En suma, el Informe Anual de Seguridad Nacional, ya en su tercera edición, se consolida como una buena práctica de transparencia democrática y compromiso con el ciudadano, y se configura como un valioso instrumento de juicio del estado de la Seguridad Nacional, que permite acometer una evaluación del grado de cumplimiento de la Estrategia y servir de base para una futura revisión de la misma.